El representante independentista Víctor García San Inocencio reclamó a los presidentes de dos comisiones legislativas que actúen sobre una resolución de su autoría que pide investigar una millonaria deuda a la Compañía de Fomento Industrial por parte de compañías que hacen uso de sus edificios industriales. La investigación abarca cómo se garantiza el cobro de las deudas, cómo se registran las mismas, los mecanismos de prórroga o condonación que medien en el cobro y el mantenimiento de estas propiedades públicas y el legislador alertó a que se evite prácticas de favoritismo en los mecanismos de cobro.

La Resolución de la Cámara 4094, que fue aprobada desde el 16 de marzo pasado, ordena a las Comisiones de Presupuesto y Asignaciones y Desarrollo Socioeconómico y Planificación, que presiden los novoprogresistas Angel Pérez Otero y José Chico Vega, respectivamente, investigar la morosidad multimillonaria en el pago de alquileres a la Compañía de Fomento Industrial.

“A principios de marzo denunciamos que estas compañías, a quienes se le conceden múltiples alivios contributivos que incluyen una renta módica en los edificios, adeudan sobre $19 millones de dólares al pueblo de Puerto Rico sin que haya mecanismos confiables de cotejo y cobro de estas deudas en la agencia. Esto incluye que ni siquiera se sabe si es correcta la lista de deudores y qué inversiones ha hecho el Gobierno en dichas propiedades que las aprovechan intereses privados para luego no pagar,”sostuvo.

García San Inocencio insistió en que la investigación legislativa debe iniciarse lo más pronto posible para establecer los mecanismos de fiscalización que sean necesarios y alertó al actual Director Ejecutivo Interino, Boris Jaskille, a que tenga un manejo cuidadoso de la cartera de deudores ‘en vista de las malas mañas que ha habido en el pasado con esta entidad’.

“Hay casos en que Fomento Industrial ha acudido de manera sospechosa y muy tardíamente a los Tribunales para intentar recobrar parte del dinero adeudado por estas empresas”, comentó. Agrego que “el desmadre en el atraso de pago de propiedades públicas por parte de estas empresas se presta al abuso de discreción y al favoritismo, particularmente en la Administración de Gobierno actual donde parece ser política oficial, según fue confirmado por el ex Secretario de la Gobernación José Aníbal Torres, de “convertir a jefes de agencia en recaudadores políticos del Partido Popular en ‘su tiempo libre’ ”.

“Advertimos sobre el peligro que representa esta práctica de recaudación cuando no existe certeza de que se siguen uniformemente parámetros claros de cuándo se cobra, cómo se cobra, a quién se cobra, y cuándo se puede aplicar un plan de pagos. En ello podría intervenir el favoritismo y el padrinazgo si no hay mecanismos efectivos y confiables de fiscalización,” finalizó diciendo García San Inocencio.

Cabe recordar que la Compañía de Fomento Industrial se reestructuró recientemente bajo el mando de Jorge Silva Puras, hoy Secretario de la Gobernación, conllevando el desplazamiento de cientos de empleados bajo ofertas de retiro temprano y su nómina se redujo sustancialmente. El cobro de renta representa aproximadamente el 55 por ciento de los ingresos de Fomento y, a raíz de las denuncias del representante independentista, funcionarios de la agencia reconocieron que ha habido laxitud en la forma en que se manejan estas cuentas y el cobro de lo adeudado.

Está pendiente al presente una solicitud de investigación del 12 de marzo del legislador independentista al Contralor Manuel Díaz Saldaña, la cual fue recibida y referida el 31 de marzo por el propio Contralor a los auditores que se encontraban en Fomento Industrial para que lo incluyeran en su plan de trabajo de auditoría.

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