Por: José R. Bas
independencia.net
22 de abril de 2006

San Juan - El Partido Independentista reaccionó hoy por voz de su Presidente Ejecutivo, Fernando Martín, luego de haber lanzado en esta semana un reto al Gobernador relacionado con una propuesta legislativa mediante la cual las corporaciones y sociedades que ingresen más de un millón de dólares pagarían un mínimo de 10% de contribuciones. El Gobernador, Aníbal Acevedo Vilá tildó la misma de ilegal e inconstitucional. Alegó el Gobernador que la propuesta del PIP supone que habría que alterar contratos existentes con algunas empresas que determinan la responsabilidad contributiva de estas.

El ex senador, Fernando Martín reclamó que “parece mentira que [el Gobernador] diga un disparate como ese”.

Recalcó que Acevedo Vilá como abogado, debía conocer lo que dispone la Constitución del ELA y la jurisprudencia. Señaló que la Constitución sostiene que “el derecho del Gobierno de imponer contribuciones es irrenunciable”. Además, citó un caso resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, Bayrón vs. Cerra, que permite alterar o enmendar aquellos contratos, siempre que el interés público salga beneficiado por dicha alteración.

“No tengo la menor duda en sostener la legalidad de la imposición contributiva propuesta por el PIP”, sostuvo Martín. Refiriéndose a la opinión del Gobernador, añadió que “este disparate jurídico lo retrata como participante de una conspiración para que los platos rotos los pague el pueblo y para no tocar a los evasores con licencia que son los grandes intereses”.

Acerca de la anunciada congelación por falta de fondos, de la nómina de empleados públicos, Martín cuestionó el pobre desempeño administrativo del Gobernador para evitar la escasez de fondos y la validez del reclamo de falta de fondos como forma de forzar que se apruebe su proyecto del impuesto al consumo.

“¿Cuándo es que el Gobernador se enteró que no iba a tener dinero para la nómina?”, cuestionó el líder pipiolo. “En junio del año pasado él sabía, porque anunció que sucedería. ¿Qué hizo él para economizar?”

Martín citó el Artículo 6 Sección 8 de la Constitución que dispone el curso a seguir en caso en que los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas en el presupuesto para ese año. El mismo artículo hace referencia a las medidas de austeridad que deben tomarse siguiendo las prioridades que se establezcan por ley. La ley a que se refiere la Constitución es la Ley de Gerencia y Presupuesto. Según Martín, el Gobernador tuvo un año completo para tomar medidas de austeridad para evitar que no hubiese fondos para la nómina en este año y no lo hizo. No puede, según Martín, traer como excusa que esperaba llegar a un acuerdo con la legislatura para continuar el ritmo de gastos que llevaba en el momento en que hizo el anuncio de que habría escasez y crisis en el presupuesto. El Gobernador tenía la obligación constitucional de hacer los ajustes para evitar el descalabro presupuestario que tenemos en el presente, según puede concluirse de las explicaciones de Fernando Martín.

Fernando Martín expresó que la crisis de falta de dinero para la nómina es real y añadió que “ambos, azules y rojos, están politiqueando con la crisis. A cada uno le gustaría poder decir que el otro tiene la culpa”, concluyó.