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Alta traición

Por Fernando Martín
Presidente Ejecutivo
Partido Independentista Puertorriqueño
19 de mayo de 2006

Desde la campaña electoral del año 2004 el Partido Independentista ha venido denunciando sistemáticamente la conspiración entre los grandes intereses económicos que controlan la economía de Puerto Rico, y los dos partidos que los representan –el PPD y el PNP— para imponer una contribución sobre el consumo al pueblo puertorriqueño.

Este impuesto sobre la venta tiene como propósito lograr nuevos recaudos en cantidad suficiente para impedir que se busque la solución al problema de las finanzas públicas donde debe buscarse, es decir, en las ganancias multibillonarias que se repatrian anualmente al exterior y que hoy gozan de una virtual inmunidad contributiva. Si bien ese es el propósito del impuesto sobre la venta, cuando falta apenas un año para que expire la actual ley de incentivos industriales, la consecuencia del mismo es agravar el empobrecimiento de la clase media y trabajadora que ya tiene que soportar sobre sus espaldas el setenta y cinco por ciento de la carga contributiva del país.

Durante la campaña electoral el PIP denunció que el candidato del PPD, Aníbal Acevedo Vilá, estaba comprometido también con el impuesto sobre el consumo a pesar de sus múltiples aseveraciones de que no habría de apoyarlo. Como cuestión de realidad fue su campaña contra el “sales tax” (que el PNP siempre ha favorecido) lo que le logró su frágil margen de triunfo electoral. Se salió con la suya, y apenas fue juramentado se convirtió en el principal promovente de dicho impuesto. Lo que antes combatía, hoy nos dice que es la salvación al país.

La encuesta publicada esta semana por el periódico El Nuevo Día revela sin embargo que el sesenta y ocho por ciento de los puertorriqueños se oponen al impuesto sobre la venta. ¿Cómo explicarse entonces que ante esta realidad abrumadora tanto el Gobernador como la legislatura insistan en limitar el debate a si el impuesto debe ser del cuatro o del siete por ciento? Esta insistencia no es otra cosa que la más fehaciente evidencia de un compromiso inalterable tanto del PPD como del PNP con una visión del desarrollo económico de Puerto Rico basado en privilegios y exenciones contributivas desmedidas al gran capital extranjero. Ambos partidos, sustentados económicamente en sus campañas por los representantes de esos mismos intereses, persisten en las mismas estrategias de desarrollo económico que han fracasado estrepitosamente en Puerto Rico y que han conducido a la crisis estructural y permanente en que está sumido nuestro país.

Ante la perspectiva de tener que cuadrar los próximos presupuestos y sabiendo que las grandes corporaciones que repatriaron el año pasado más de treinta mil millones pagaron menos del cinco por ciento en contribución sobre ingresos, lo único en que coinciden el gobernador y la legislatura es en que la solución está en imponer un impuesto al consumo dejando intactas a las grandes corporaciones. Esto es alta traición.

La realidad es que el PIP viene denunciando las políticas de regalías contributivas de los gobiernos de Puerto Rico desde hace décadas. En infinidad de ocasiones hemos presentado propuestas de reforma contributiva que no sólo promovían la equidad y la justicia en la distribución de la carga contributiva sino que además constituían herramientas efectivas para el desarrollo económico frente al fracaso documentado del modelo vigente. Nos tocó –como tantas veces— clamar en el desierto. Tiene por lo tanto que ser fuente de satisfacción y orgullo ver como nuestro análisis y nuestras consignas de que paguen más los que más pueden hayan sido recogidas pro la gran mayoría de nuestro pueblo. Felicito especialmente a los legisladores del PIP, María de Lourdes Santiago Negrón en el Senado y a Víctor García San Inocencio en la Cámara, quienes han dado una batalla sin cuartel en la Asamblea Legislativa contra el impuesto sobre la venta y quienes han representado al país, solos, contra el contubernio entre los grandes intereses y el gobernador y la legislatura.

Le corresponde ahora al país hacer una evaluación sobre donde estamos como pueblo en este momento, sobre cuales son los derroteros a seguir en el futuro, y sobre quienes de sus dirigentes están realmente comprometidos con el bien común. La crisis que hemos vivido –y que habrá de continuar bajo distintas formas— no es otra cosa que una manifestación del colapso de un modelo colonial agotado y desacreditado. Aprovechamos esta experiencia para exigir no sólo la justicia contributiva y la eficacia gubernamental sino también la necesaria e inexorable descolonización de nuestra patria.

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